Un plan de choque para combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público individual de pasajeros anunció el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Ditra.

El plan contempla sanciones a conductores y empresas, que van desde la suspensión de la licencia de conducción a la cancelación de la habilitación para prestar el servicio público de transporte.

Según el Ministerio, “estos planes fueron reiterados por el Ministerio de Transporte a través de la Circular 20164100264971 del 14 de junio de 2016 y contemplan la implementación de operativos y controles en vía con sanciones para todos los sujetos de sanción establecidos en el artículo 9 de la Ley 105 de 1993, que quebranten o faciliten la violación de las normas vigentes para la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, incluyendo aquellos servicios que utilizan plataformas tecnológicas que no están habilitadas para la prestación del servicio público individual de transporte”.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, se reunió con taxistas y ambas partes firmaron un acta en el que el gremio “adquiere el compromiso de mejorar la prestación del servicio y no realizar ningún cese de actividades. Por su parte, el Ministerio de Transporte se comprometió a apoyar a las autoridades locales en la ejecución del plan de choque para el control de la ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros y a mantener un diálogo permanente con los gremios del sector”.

Las sanciones 

Los planes de choque, que se implementarán en cada ciudad, contemplan sanciones a los conductores como la suspensión de la licencia de conducción, la inmovilización hasta por 40 días para vehículos de transporte individual o público, medidas preventivas como suspensión de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), de vehículos particulares y públicos e investigación a los propietarios de vehículos de servicio público que se encuentren cometiendo infracciones de transporte.

Entre las sanciones a las empresas están la  cancelación de la habilitación para prestar el servicio público de transporte y la cancelación de la tarjeta de operación del vehículo.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 348 de 2015, “cuando los municipios no cuenten con personal operativo de control propio o por convenio, la Policía Nacional a través de su personal especializado podrá, en ejercicio de la función a prevención, realizar operativos de control”.